La Fiscalía pidió rechazar el reclamo de las defensas y la definición quedó postergada hasta una próxima audiencia, antes del examen de las pruebas para el debate oral.
El Tribunal de Juicio que interviene en la causa contra los 16 policías de Salta acusados por presuntos apremios ilegales durante la investigación del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni evaluará si el expediente podría ser elevado a juicio oral. Frente a esto, la defensa pidió la extinción de la acción penal.
Luego de que los representantes legales de los agentes imputados solicitaran anular la causa en contra de ellos, al argumentar que se había vencido el plazo razonable, la Fiscalía requirió rechazar el planteo y sostuvo que la duración del expediente ya fue examinada anteriormente.
De la misma manera, los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín también se opusieron a una nueva suspensión del trámite. No obstante, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio antes de definir si la causa continuará su curso o será archivada.
Según indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el expediente investiga hechos atribuidos a integrantes de la fuerza policial durante las actuaciones de 2011 relacionadas con los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
La audiencia fue convocada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI) para definir la prueba que podría producirse en el juicio. Estuvo a cargo de un tribunal presidido por el juez Leonardo Fearns, junto con el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González.
Las defensas plantearon la insubsistencia de la acción penal por una presunta afectación del plazo razonable y solicitaron el sobreseimiento de los imputados. Además, requirieron que se detuviera el avance de la audiencia hasta que quedara firme una decisión sobre ese pedido.
Los acusados por presuntamente haber recibido apremios ilegales son Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista.
Mientras que 15 de los imputados comparecieron ante el tribunal, desde el Ministerio Público Fiscal salteño indicaron que el decimosexto acusado, identificado como Ferraoti, no estuvo presente en la audiencia.
“Son más de 15 años. Es un desgaste jurisdiccional y genera incertidumbre en nuestros defendidos”, evaluó el abogado Nicolás Vedia, quien se encuentra a cargo de la representación legal de 12 de los 16 imputados, durante un diálogo con El Tribuno. Asimismo, indicó que varios de ellos ya se habían retirado de la fuerza de seguridad.
Frente al planteo de la defensa, Espilocín, fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), indicó que el planteo defensivo ya había sido resuelto. Además, recordó que el Tribunal de Impugnación confirmó el 17 de septiembre de 2025 una decisión dictada el 15 de mayo de ese año por el Tribunal de Juicio, que había rechazado la insubsistencia de la acción penal.
Según explicó, el plazo razonable debe evaluarse a partir de las circunstancias de cada expediente y no mediante una aplicación automática. Entre los factores considerados en resoluciones previas mencionó la complejidad del caso, el número de imputados, la naturaleza de los hechos y las actuaciones acumuladas durante la investigación.
En línea con esto, el fiscal señaló que hubo numerosos recursos e incidencias promovidos por las partes. Aclaró que esas presentaciones integran el derecho de defensa, aunque derivaron en suspensiones procesales. También sostuvo que el expediente mantuvo actividad desde la etapa inicial de investigación hasta la citación a juicio.
De esta manera, Espilocín vinculó el caso con la investigación de los homicidios de Bouvier y Moumni, que continúa bajo revisión en distintos ámbitos. Por esto, mencionó una actuación judicial en Francia y advirtió que la falta de una definición mediante debate oral y público podría generar responsabilidad para el Estado argentino.
Por su parte, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, sostuvo que los tribunales que intervinieron con anterioridad analizaron los institutos invocados por las defensas. También rechazó que las decisiones previas hubieran incurrido en una confusión conceptual.
Para Sodero Calvet, la declaración de insubsistencia de la acción penal es una medida excepcional que debe analizarse según las particularidades del caso. Por esto, remarcó que la investigación alcanza a efectivos policiales por hechos conectados con un expediente de gravedad institucional y con posibles afectaciones a derechos fundamentales.
En este sentido, afirmó que una eventual demora estatal no puede traducirse en impunidad, incluso en el supuesto de que hubiera existido una mora, circunstancia que descartó en esta causa. Incluso, añadió que un tribunal superior ya había indicado que la discusión sobre el plazo razonable podía ser valorada durante el debate y había recomendado adoptar medidas para avanzar hacia el juicio.
Entre los denunciantes por los presuntos apremios e irregularidades estuvo presente Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, quien fue trasladado bajo custodia. También asistieron los sospechosos que fueron absueltos, Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi no compareció.
Luego de escuchar los argumentos, el Tribunal consideró que el planteo requiere un análisis específico y dispuso un cuarto intermedio. A raíz de esto, la Oficina Judicial deberá fijar, con la mayor proximidad posible, una nueva audiencia para comunicar la resolución sobre la extinción de la acción penal.
Por último, los jueces declararon abstracto el pedido de suspensión formulado por las defensas, al entender que la cuestión ya había sido expuesta y debatida. Si el proceso continúa, la audiencia seguirá con el tratamiento de la prueba ofrecida por las partes y con la posible fijación de la fecha para el juicio oral.
